Los gobiernos de Perú y Colombia han anunciado este martes un acuerdo en torno a un plan bilateral para hacer frente al coronavirus en la frontera común para «contribuir a la prevención, control y mitigación del impacto de la pandemia».

Los ministerios de Exteriores de ambos países han señalado en un comunicado conjunto que este plan «establece mecanismos de coordinación y articulación binacional orientados a la reducción de la morbimortalidad y a la mitigación de los demás efectos de la pandemia».

Asimismo, han dicho que «permitirá promover la vigilancia binacional de la evolución de la pandemia de COVID-19 en las zonas de frontera, fortalecer las acciones binacionales de promoción de la salud, de prevención de riesgos sanitarios y atención de salud en emergencias ante la pandemia en las zonas de integración fronteriza».

Los ministerios han destacado además que este plan permitirá a Lima y Bogotá «reforzar la prestación de servicios en los establecimientos de salud de frontera para asegurar un cuidado de la salud oportuno, adecuado y eficiente».

«El plan forma parte de las acciones que se adelantan bilateralmente, para contribuir a normalizar la dinámica fronteriza y recuperar la economía de la zona», han destacado, antes de comprometerse a «aunar esfuerzos para buscar recursos de cooperación internacional con este fin».

Por otra parte, han hecho hincapié en que «las autoridades de ambos países encargadas de los asuntos relativos a los pueblos indígenas y originarios participaron en la elaboración del plan a fin de asegurar que el mismo sea consistente con las normas nacionales e internacionales en la materia».

«La implementación del Plan tiene un horizonte temporal de un año y se hará en el marco del Comité Binacional COVID-19, cuya presidencia ‘pro tempore’ será ejercida de manera rotativa por los respectivos ministerios de Salud», han remachado.

Perú ha confirmado hasta la fecha 483.133 casos y 21.276 fallecidos, mientras que Colombia ha registrado 397.623 contagios y 13.154 muertos, según datos recogidos por la Universidad Johns Hopkins. Así, figuran como el séptimo y el octavo país del mundo con más casos hasta la fecha, respectivamente.

El Defensor del Pueblo urge a Interior a solucionar demoras de cita previa para trámites de extranjería

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha enviado una recomendación al Ministerio del Interior para que, con carácter urgente, facilite a los ciudadanos extranjeros el acceso al sistema de cita previa para solicitar protección internacional y realizar diversos trámites de extranjería en dependencias policiales.

La institución afirma que recibe quejas constantes sobre los problemas para obtener una cita previa y acceder al procedimiento de protección internacional y para realizar entrevistas de asilo en condiciones adecuadas.

Además, las dificultades para obtener cita previa se han extendido a una multitud de trámites que deben realizar los ciudadanos extranjeros en dependencias policiales de todo el territorio nacional, más allá del ámbito de la protección internacional.

En opinión del Defensor del Pueblo, las medidas materiales y de recursos humanos adoptadas hasta ahora para paliar esta situación siguen siendo «insuficientes» para dar respuesta a una demanda creciente de solicitudes de asilo y de trámites relacionados con el régimen general de extranjería que también se realizan en dependencias policiales, tales como la expedición de tarjetas de identidad de extranjeros, autorizaciones de regreso, cartas de invitación, etc.

Esta situación, añade, se ha visto agravada por las medidas adoptadas por la crisis sanitaria del COVID-19, debido a que la declaración del estado de alarma supuso la imposibilidad de atención presencial y la acumulación de carga de trabajo.

SOLUCIONES

Por todo ello, la institución ha formulado varias resoluciones al respecto. Así, en diciembre de 2018 el Defensor dirigió a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras un recordatorio de deberes legales para que se entregara un resguardo válido acreditativo de la cita asignada, al tener constancia de que numerosos ciudadanos pasaban días y noches a la intemperie para conseguir una cita para poder pedir protección internacional, que después se otorgaba sin resguardo acreditativo y para un año más tarde.

Tras ser rechazada esta resolución, el Defensor decidió elevarla al Ministerio del Interior, a la vez que trasladaba a dicho departamento su preocupación por otra serie de carencias relacionadas con el procedimiento.

En este sentido, a la Institución le preocupa especialmente –y así se lo ha transmitido a Interior– que se garantice el derecho que asiste a los solicitantes de protección internacional de realizar la entrevista en una dependencia adecuada y que el funcionario que la lleve a cabo tenga la formación necesaria.

Por todo ello, y tal y como refleja el Informe Anual 2019, el Defensor ha pedido que se revise con urgencia la colaboración de la Policía Nacional para afrontar la gestión de las peticiones de asilo, en cuanto a la asignación de citas previas, la realización de entrevistas de asilo y la expedición de documentación.

Para la institución, el papel de la Policía Nacional ha resultado imprescindible para abordar el fuerte incremento de solicitudes en un plazo muy corto de tiempo, pero esa colaboración que se planteó como algo puntual se está prolongando en el tiempo, provocando importantes disfunciones en el sistema.

LA MUERTE DE UN TEMPORERO, EJEMPLO DE DEMORA EN SOLICITUDES

Otra cuestión que suscita numerosas quejas se refiere a las dificultades con las que se encuentran los extranjeros con necesidades de protección internacional, para poder formalizar su solicitud de asilo, según indica el Defensor. Esa manifestación de voluntad ha de realizarse en el plazo de un mes desde que se entra en España.

Sin embargo, lamenta que las largas demoras desde que se manifiesta la voluntad de solicitarlo hasta que finalmente se les cita para la entrevista motiva que los extranjeros cambien con frecuencia de provincia, buscando subsistir.

Así, las quejas que se reciben muestran que son numerosos los casos en los que, en la nueva provincia de residencia, no se respeta la lista de espera por lo que han de comenzar de nuevo toda la tramitación. En este contexto, el Defensor del Pueblo se ha dirigido de oficio a la Fiscalía General del Estado para pedir información sobre sobre las diligencias de investigación iniciadas tras el fallecimiento del ciudadano nicaragüense Eleazar Blandón, en Lorca (Murcia).

Se da la circunstancia de que esta persona, que falleció mientras trabajaba como temporero en una explotación agrícola, habría manifestado su intención de solicitar protección internacional ante la Policía Nacional. Sin embargo, la demora existente en la asignación de citas le habría impedido formalizar la solicitud en tiempo y forma y, por tanto, no había podido acceder al sistema nacional de acogida. / Europa Press