La plataforma #RegularizacionYa Bizkaia se concentrará el lunes 30 de noviembre ante la nueva oficina de extranjería en Bilbao para exigir que, «de forma urgente, permanente y sin condiciones», se otorgue la regularización a las mujeres y hombres en situación administrativa irregular en el Estado.
El colectivo ha remarcado, en un comunicado, que la pandemia «ha visibilizado y agravado especialmente la precariedad de las vidas de las personas racializadas y migradas», situación que ha venido a sumarse a la Ley de Extranjería que, desde su punto de vista, «vulnera todos sus derechos sociales, económicos y laborales».
Durante la concentración, la plataforma leerá un comunicado para recordar que «la regularización es el primer paso para la dignificación de todas las personas, como derecho fundamental y que no piden caridad, sino justicia social».
En dicho documento, exigirán a los gobiernos estatal y vasco que, «de forma urgente, permanente y sin condiciones, otorguen la regularización de las mujeres y hombres que están en situación administrativa irregular dentro de todo el Estado porque muchos de ellos son quienes aportan y soportan la economía desde la denominada «economía sumergida», sin derechos, sin contrato y sin seguridad); cuando, además, están en primera línea «sosteniendo la vida de las y los demás».
La plataforma exige el reconocimiento legal y la cualificación de las trabajadoras de cuidados a personas mayores en situación de dependencia; que, en el caso de mujeres migradas, llevan a cabo muchas veces su labor «bajo unas condiciones injustas de empleo de hogar».
También demandan la derogación de la Ley de Extranjería, el fin de las redadas racistas basadas en identificación por perfil étnico y de la criminalización de los vendedores ambulantes.
En cuanto a Euskadi, la plataforma reclamará este lunes el empadronamiento en todos los pueblos y ciudades del País Vasco «de todas las personas».
En este sentido, demandan que se castigue a «las mafias que negocian con la precariedad de las personas migradas, que cobran por empadronar o por facilitar citas para tramites administrativos, cantidades que oscilan entre 50 y 300 euros».
Finalmente, pedirán a las instituciones vascas que «creen un plan de vivienda para que ninguna persona carezca en Euskadi de una vivienda digna ni sea víctima de los abusos de especuladores inmobiliarios, mafias que se lucran con la dignidad de las personas, al tratarse de un derecho básico». / Europa Press
