El Observatorio Social de la Caixa ha organizado este miércoles en CaixaForum Madrid un debate monográfico sobre los retos y oportunidades de la inmigración y en el que se han presentado los datos del estudio ‘La inmigración dinamiza la España rural’, del que se desprende que el 10% de la población de los municipios de menos de 10.000 habitantes ha nacido en el extranjero.
Según sus cifras, este porcentaje se eleva al 16% cuando se estudia el grupo de población en estas zonas que está entre los 20 y los 39 años, por lo que, según el documento, la inmigración «rejuvence» la España rural.
En general, indica el estudio, la población de origen extranjero es esencial para el rejuvenecimiento y la preservación de la actividad en la España despoblada.
Sus autores, Luis Camarero, de la UNED, y Rosario Sampedro, de la Universidad de Valladolid, destacan también que los nuevos nacimientos y las reagrupaciones familiares son un fenómeno determinante en la demografía futura de las zonas rurales de España. En este sentido, señalan que las madres rurales de origen extranjero tienen más hijos que las nacidas en España (1,5 hijos por mujer, frente a 1,2, respectivamente).
UNA POBLACIÓN «DIVERSA Y COSMOPOLITA»
Además, en 2019, uno de cada cinco menores de 13 años en la España rural era hijo de madre de origen extranjero, una proporción que se eleva hasta uno de cada cuatro en los municipios de menos de 1.000 habitantes, según el trabajo.
Esta situación y el hecho de que el análisis realizado determina que la procedencia de los extranjeros en zonas rurales es variada, determina que, frente al imaginario rural de población inmóvil, permanente y local, la España rural es «diversa y cosmopolita».
En cuanto a los flujos de población, el estudio explica que desde finales de los años noventa se aprecia un aumento notable de la población extranjera que se desplazó a municipios rurales gracias a la agricultura exportadora, la construcción, el turismo y la demanda de cuidadores.
Sin embargo, indica, la crisis de 2008 llevó a la despoblación de las áreas rurales al frenarse la llegada de inmigrantes e incluso al marcharse a sus lugares de origen o a entornos urbanos. A partir de 2015, las cifras repuntaron hasta que, en 2017, el saldo migratorio volvió a ser positivo gracias a la población de origen extranjero.
LAS CONSECUENCIAS DE LA COVID
En relación con la crisis por coronavirus, Camarero ha explicado que, en general, el contexto es de «fuerte incertidumbre económica» que puede «ralentizar la llegada de población desde el extranjero y dificultar también los procesos de reagrupación familiar».
«La caída de la fecundidad propia de los momentos de crisis se añade en este escenario de previsible reducción de vitalidad demográfica», ha advertido el experto que, aún así, ha explicado que la pandemia también ha permitido tomar conciencia de la importante contribución que la población foránea realiza en la vida de los pueblos.
Durante la jornada, también se ha presentado el Análisis de las necesidades sociales de la población inmigrante del Observatorio Social de la Caixa, que explica cómo el empleo juega un papel clave en el proyecto de las familias inmigrantes.
En este sentido, la entidad explica que la crisis de 2007 provocó una brecha que aún no se ha cerrado: el 16% de las familias inmigrantes tuvieron a todos sus miembros en desempleo en los años centrales de la recesión (frente al 9,5% en el caso de las familias autóctonas).
PRECARIEDAD LABORAL Y POBREZA
Del mismo modo, señala que la precariedad laboral castiga especialmente a este colectivo, que acumula cerca del doble de inestabilidad laboral (en 2018, el 16,8% de las familias inmigrantes viven en hogares en que todos los empleados tienen un contrato temporal, mientras en el caso de los no inmigrantes es un 9,1%) y el triple de pobreza laboral (33,7% frente a 10,6% de los autóctonos en el mismo año).
Además, destacan que la tasa de riesgo de pobreza de los inmigrantes que residen en España, un 46% en 2017, es claramente superior a la que el mismo grupo registra en el conjunto de la UE-28.
Solo en España y Grecia, indica el análisis, los valores son superiores al 40%. Sin embargo, en comparación con la población autóctona (18% de riesgo de pobreza en 2017), España no es el país con diferencias más altas: el contraste entre inmigrantes y nativos es aún mayor en países como Suecia, Austria o Bélgica, en los que el riesgo de ser pobre se triplica para las familias de origen extranjero.
Del mismo modo, la vivienda es una necesidad social que las familias inmigrantes han tenido dificultades para cubrir de forma adecuada, en un contexto de precios elevados, insuficiente oferta en el mercado de alquiler y ausencia de ayudas públicas eficaces, explican los expertos.
La consecuencia ha sido una gran sobrecarga económica por el gasto asociado a la misma y el acceso a viviendas con peores condiciones de habitabilidad. El coste de la vivienda supone una sobrecarga para el 49% de los inmigrantes (y el 16,8% de autóctonos), al absorber más del 30% de sus ingresos. / Europa Press
