En un debate sobre la situación de inseguridad en las calles ecuatorianas y la crisis carcelaria, Garzón destacó que la población en las prisiones supera los 38.000 detenidos, de los cuales 37.100 se encuentran por delitos, 544 por impago de pensiones alimenticias y 542 por diversas contravenciones.
La capacidad en la infraestructura nacional de prisiones es para 30.196 personas, dijo el funcionario, lo que significa un 26,46% de hacinamiento.
La superpoblación en estos centros es uno de los factores que han sido mencionados como catalizadores de las recientes masacres ocurridas en penitenciarias ecuatorianas, la última de ellas el 28 de septiembre que dejó en Guayaquil 119 reos muertos, una decena de los cuales aún están por reconocer.
Para Garzón, uno de los factores que ha propiciado este hacinamiento es «el abuso de la prisión preventiva por parte de los jueces», y a que solo existan en el país catorce magistrados que tratan procesos de beneficios penitenciarios, «un derecho de las personas privadas de libertad», lo que mantiene abiertos unos 5.000 expedientes mientras el reo permanece en prisión.
En su análisis de la situación en la SNAI, recordó el déficit de recursos humanos en el cuerpo de seguridad penitenciaria, que cuenta con 1.654 carceleros para 36 prisiones de adultos y 20 de menores, en todo el país.
También advirtió que el Estado no cuenta con un sistema de rehabilitación social y pidió a la Asamblea la tramitación de un reglamento que defina el camino a seguir más allá del concepto punitivo del encarcelamiento.
Desde la masacre de Guayaquil, la crisis carcelaria es uno de los asuntos más candentes de la política ecuatoriana, y aunque todos reconocen que el sistema se ha desbordado pocas son hasta ahora las medidas correctoras.
Garzón dijo que «heredó» un sistema «colapsado» e insistió en los grandes cambios que se requieren para salir de la crisis en las prisiones, ahora bajo un estado de excepción de 60 días.
En la sesión parlamentaria de este jueves también tomaron parte la comandante general de la Policía, Tannya Varela; jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jorge Cabrera Espinosa; y la ministra de Gobierno (Interior), Alexandra Vela.
Sobre las operaciones policiales para mitigar el crimen en la calle, Varela destacó la desarticulación de varios bandas con una «afectación económica a las organizaciones delictivas de 2.737 millones de dólares».
Por su parte, Vela advirtió de la amenaza que representa las organizaciones criminales, que han aumentado su «capacidad de penetración en la economía manejada bajo lógicas de corrupción en todo nivel, los sectores públicos y privados». / EFE
