comunidadLa Sección Segunda de la Audiencia de Jaén ha condenado a 103 años de cárcel al principal acusado de integrar una red internacional de trata de mujeres. A otros ocho de los acusados les condena a 64 años de prisión. Además, la sentencia absuelve a siete de las personas que el pasado mes de octubre se sentaron en el banquillo como acusados.
En concreto, al cabecilla o jefe de la trama se le condena a ocho años de cárcel y un día por cada uno de los once delitos de trata de seres humanos en concurso con el delito de prostitución y ocho años más por el delito de trata sin el concurso con el de prostitución. A ello se le suma otros siete años de prisión por el delito de favorecimiento de la inmigración ilegal, lo que asciende a un total de 103 años de prisión.
A los otros ocho acusados condenados, dos de ellas mujeres, se les impone cinco años y un día de prisión por cada uno de los once delitos de trata en concurso con once delitos de prostitución y cinco años por el delito de trata sin el concurso con el de prostitución. Además se les condena a cuatro años más de cárcel por el delito de favorecimiento de la inmigración ilegal. A pesar de lo elevado de las penas impuestas por el tribunal, el fallo establece que las condenas tendrán un máximo de 20 años de prisión.
Asimismo, los nueve condenados deberán hacer frente a las costas procesales y se les condena a indemnizar a las once víctimas en cantidades que suman 340.000 euros –entre 20.000 y 30.000 euros por cada víctima–. Aunque inicialmente, el Ministerio Fiscal reconocía a 20 víctimas de los delitos, finalmente el tribunal solo reconoce en su sentencia a once por ser los casos que considera probados.
La sentencia, a la que ha accedido Europa Press a través del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), establece como hechos probados que los nueve acusado formaban parte de «una organización transaccional que se venía dedicando a la captación, localización y selección de mujeres en Colombia, para trasladarlas a España».
Para ello, les facilitaban el billete y documentación necesaria para viajar, en ocasiones algo de dinero, que después tenían que devolver a su llegada a España. Además, aleccionaba a las mujeres sobre las manifestaciones que debían hacer en el despacho de los trámites fronterizos, con el «fin de conseguir su acceso a territorio nacional con infracción de la normativa aplicable».
Las mujeres llegaban a España «en muchas ocasiones mediante
engaño –bien ofreciéndoles trabajos en el hogar u otros, bien simulando una relación sentimental, engañándolas en cuanto a la cantidad total a devolver por las gestiones del viaje–«.
Ya en territorio nacional «las obligaban a ejercer la prostitución hasta devolver la deuda, que era por regla general triplicada por los acusados». Para conseguir estos propósitos se les acomodaba en distintos pisos, «se les hacia fotografías en ropa interior
y se las anunciaba por Internet».
Algunos de los acusados se encargaban de vigilar a las mujeres y de contabilizar los «servicios», controlando el tiempo y el dinero que les entregaban los «clientes» obligando a las mujeres «a estar disponibles 24 horas al día, siete días a la semana» y, como dijo una de ellas durante el juicio, a realizar hasta 17 servicios diarios.
Entre los condenados, además de cabecilla, se encuentran también los que ejercían las funciones de selección, captación, adiestramiento, lo que se conoce popularmente en el argot como ‘perfilar’ a las mujeres.
Fue una de las mujeres víctimas de esta trata la que en su intento de huida se puso en contacto con su familia en Colombia para facilitarles su ubicación. Sus familiares lo denunciaron a la Policía colombiana y esta lo trasladó a la Policía Nacional. A partir de aquí, se puso en marcha un dispositivo policial en marzo de 2020 que culminó con detenciones y la puesta en libertad de varias mujeres víctimas de la prostitución.
Esta red se mantuvo operativa durante los primeros días del estado de alarma vigente en la pandemia. Pese a las restricciones de movilidad, el negocio siguió en auge e incluso algunas de las mujeres eran obligadas a desplazarse a domicilios privados para ejercer la prostitución, hasta el punto que la organización ya estaba pensando en abrir más pisos.
El hilo de la investigación terminó imputando a 18 personas, aunque dos de ellas no se sentarán en el banquillo ya que una de ellas es un hombre que no fue procesado por encontrarse en Colombia y el segundo fue excluido de ser juzgado por su estado mental.
Durante el juicio, algunas de las mujeres víctimas de esta red de trata declararon como testigos protegidos y señalaron que las obligaban a prostituirse las 24 horas del día durante los siete días a la semana y que llegaban a realizar hasta 17 «servicios» diarios, incluso durante los primeros días del estado de alarma por la pandemia.
«No descansábamos nunca, eran 24/7 y no respetaban ni que tuviéramos el periodo», testificó una de las seis mujeres que declararon por videoconferencia como testigo protegida. Tanto es así que una de ellas señaló ante el tribunal que tuvo que seguir prostituyéndose a pesar de tener una infección vaginal y estar con gastroenteritis por temor a que le pasara algo a ella o a su familia.
Además, dentro de las normas se le imponía recibir a los clientes en ropa interior y hacer las felaciones sin preservativo porque «aquí se hacía así».
Todas ellas coincidieron en que aceptaron venir a España desde Colombia por su situación de necesidad económica. Algunas dijeron que sabían que venían a ejercer la prostitución, pero solo hasta saldar la deuda que cuando llegaban se multiplicaba por tres. Otras aseguraron que llegaron «engañadas» pensando que venían a trabajar el labores domésticas.
Asimismo, manifestaron que en todo momento estaban «controladas» y que sentían «miedo» y «temor» porque las amenazaban con hacer daño a sus familias en Colombia si no saldaban su deuda. / Europa Press
