La formación que dirige Santiago Abascal ha registrado una propuesta de ley en el Congreso en la que se propone modificar tres textos legislativos: la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social; el decreto que aprueba el Reglamento de esta misma norma; y la Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.
Vox explica en la exposición de motivos de este texto, recogido por Europa Press, que la ausencia, hasta el año pasado, de una normativa concreta para el registro de las solicitudes de protección internacional en los CIE, ha provocado «un empleo abusivo de las solicitudes de asilo o protección subsidiaria por parte de los extranjeros internados» en ellos.
«Ocurre que, con el mero resguardo de la presentación de tal solicitud, y sin necesidad de que esta fuera resuelta, el solicitante «justificaba» su estancia en España como situación legal, sin que cupiese, por tanto, la expulsión o devolución a su país de origen», apunta Vox.
EVITAR EL FRAUDE
Para el partido, esta práctica «ha supuesto que inmigrantes ilegales se hayan acogido y acojan fraudulentamente a las figuras de asilo o de la protección subsidiaria sin que de ningún modo concurriesen los requisitos necesarios para su obtención»
Es por eso que Vox propone modificar los artículos que tienen que ver con la suspensión del proceso de devolución, expulsión o extradición de un solicitante de asilo o protección, para incluir que esta medida se aplique «siempre» que el solicitante «pueda justificar, aún de forma indiciaria, la concurrencia de los requisitos exigidos» para la eventual concesión de dicha protección.
Pero también, proponen añadir a la legislación española una prohibición expresa para que las solicitudes de protección internacional y asilo no puedan formularse en los centros de internamiento para extranjeros.
Los de Abascal insisten en que «es preceptivo poner coto al ejercicio de estas solicitudes» desde los CIE dada «la enorme proporción de fraude, que supone la paralización de los procedimientos de expulsión y la consiguiente puesta en libertad tras la finalización del tiempo de estancia máxima».
Y, en este sentido, advierten de que España «debe defender el derecho que ampara a toda nación de regular las condiciones de entrada de quienes aspiran a vivir en ella». «La inmigración debe ser legal, ordenada, controlada y ajustada a las necesidades de España y con capacidad y voluntad de integración», apunta la formación.
AUMENTO DEL PLAZO PARA RESOLVER LA EXPULSIÓN
Por el contrario, creen que es necesario proveer a los CIE de un mayor plazo para proceder a la resolución de los expedientes de expulsión, de ahí que propongan que los seis meses que se dan ahora, se puedan prorrogar «por periodos adicionales de seis meses cuando las circunstancias así lo exijan».
En este sentido, también llaman a otorgar a la Administración «más y mejores recursos materiales y humanos» y proponen que «los costes derivados del internamiento del extranjero» corran «a cargo de las autoridades competentes de su país de origen».
Para Vox, estas medidas son «el mínimo indispensable para terminar de manera inmediata» con lo que consideran un «fraude de ley generalizado en la tramitación de las solicitudes protección internacional que se inician por inmigrantes ilegales desde un CIE». Unas solicitudes que, según han explicado, «han experimentado un crecimiento irracional en los últimos tiempos que de ningún modo se corresponde con la realidad»./ Europa Press
