La Audiencia Provincial de Cantabria juzgará a seis acusados de origen colombiano de un delito de trata de seres humanos por prostituir a una joven venida de Colombia, para cada uno de los cuales la Fiscalía pide ocho años de cárcel.
Este juicio iba a celebrarse inicialmente en octubre de 2022, pero se suspendió al renunciar dos de las procesadas a sus abogados alegando discrepancias e incompatibilidades.
Según el escrito del fiscal, los acusados, residentes en Cantabria, realizaban diversas actividades relacionadas con la prostitución en pisos particulares usados como casas de citas.
Con la intención de aumentar el negocio y bajo la dirección de una de las acusadas, madre de dos hombres también acusados, decidieron conseguir más chicas jóvenes de su país para explotarlas sexualmente y lucrarse con dicha actividad.
Con esta finalidad, una de las chicas que ejercía la prostitución en uno de esos pisos -también acusada- contactó a través de redes sociales con una joven de 19 años que residía en Colombia, a la que conocía de la infancia, y que tenía un bebé de cuatro meses «y una situación de absoluta necesidad económica».
La mujer se ofreció a la joven para buscarle trabajo en una cafetería o cuidando ancianos y poder así ganarse la vida y mandar dinero a su hija, y le dijo que le sacaría un billete de avión y dinero para los primeros gastos, «ocultándole deliberadamente que en realidad se dedicaría a la prostitución».
Una vez que la convenció, otra de las acusadas -nuera de la mujer
que dirigía los pisos- le sacó un billete de avión. Cuando la joven llegó a Madrid, fue recogida por un hombre y llevada a Torrelavega en taxi, donde le retiraron el teléfono móvil.
Después, la llevaron a una casa de citas en Santander, donde se encontraba la mujer que contactó con ella, otra chica más que ejercía la prostitución y la encargada del piso -también acusada-,
que era familiar de la mujer que dirigía todos los pisos.
Tras dos días en la casa sin salir a la calle porque podía ser detenida, llegó la encargada de los pisos, que pasaba semanalmente a recoger el dinero recaudado, y le dijo que tenía que prostituirse hasta abonar la deuda de 5.000 euros que había contraído con ellos por traerla a España.
Ella se negó, pero ante la falta de cualquier posibilidad de recibir ayuda y las amenazas que recibía, accedió a practicar la prostitución, marcándole la casa los precios y concertando las citas a través de anuncios subidos a una página web.
Según la Fiscalía , la joven prestaba servicios sexuales 24
horas al día y siete días a la semana; solo se le permitía salir una hora al día y siempre acompañada; y de lo que obtenía por el ejercicio de la prostitución, la mujer que dirigía los pisos se quedaba con la mitad y de la otra mitad le entregaban 30 euros semanales, destinando el resto «a pagar la supuesta deuda contraída en el viaje».
Finalmente, chica aprovechó un día que pudo salir sola para abordar a un viandante, a quien le contó lo sucedido y desde la casa de este llamaron a la policía.
Una vez incoado el procedimiento judicial, uno de los hijos de la mujer que dirigía los pisos averiguó el paradero de la joven y le pidió que retirara la denuncia porque «si quisiéramos arreglar la cosas por las malas, usted sabe cómo somos los colombianos», le dijo.
Para el fiscal, los hechos constituyen un delito de trata de seres humanos en concurso con un delito de determinación a la prostitución, y también un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por los que imputa a todos los acusados.
Además de la pena de cárcel, pide para ellos prohibición de acercarse o comunicar con la joven durante diez años y libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena de prisión de cinco años.
En concepto de responsabilidad civil, solicita que abonen a la víctima 25.000 euros como indemnización por los daños personales que padeció.
Junto a ello, para el acusado que pidió a la joven que retirara la denuncia, la fiscalía pide dos años de prisión al considerarle autor de un delito contra la administración de justicia.
Por su parte, la acusación particular que ejerce la joven pide para cada uno de ellos nueve años de prisión, libertad vigilada de cinco años y prohibición de comunicar y acercarse a ella durante diez años. En concepto de responsabilidad civil, la indemnización solicitada asciende a 30.000 euros.
Además, eleva a tres años de prisión la pena que solicita para el también acusado de un delito contra la administración de justicia.
Finalmente, la defensa de la mujer que supuestamente dirigía las casas de citas considera que la denunciante se trasladó a España «de forma no solo voluntaria sino plenamente sabedora y consciente de la
actividad que desarrollaría», tal y como lo manifestó «a su entorno de amistades».
Además, defiende que mantuvo «total y absoluta» libertad de movimientos, contactos, o desplazamientos, resultando «incierto» que le fuera retirado el dinero, móvil o documentación. Asimismo, señala que la joven establecía las relaciones con los clientes «de forma particular y bajo su criterio, así como el precio de los servicios».
En cuanto al papel de su defendida, indica que su única participación en los hechos fue en su condición de arrendataria de la vivienda que ocupaban tanto ella como otras chicas, y que el abandono del piso por parte de la denunciante obedeció a un incidente entre un cliente y una de sus compañeras para provocar la intervención de la policía y así dar inicio a un proceso que le permitiera regularizar su situación por medio de su condición de testigo protegida./ Europa Press
