El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha invocado este miércoles la conocida como ‘muerte cruzada’, una fórmula constitucional que implica la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria tanto de elecciones legislativas como presidenciales, argumentando que hay una «grave crisis política» derivada del juicio político contra él.
Menos de 24 horas después del arranque de este juicio político, Lasso ha firmado un decreto con el que ya había amenazado previamente y que obliga al Consejo Nacional Electoral (CNE) a fijar la fecha de nuevas elecciones en los próximos siete días. Los ecuatorianos estarán llamados de nuevo a las urnas en un plazo máximo de tres meses para designar diputados y presidente para el periodo que resta de sus respectivos mandatos, hasta 2025.
Lasso ha afirmado que ser presidente, «un honor sin comparación», implica «tomar las decisiones adecuadas y necesarias que cada momento histórico demanda». «Hoy es un día en el que tengo una obligación de dar una respuesta a la crisis política que tiene entrampado Ecuador», ha declarado en un discurso a la nación acompañado de miembros de su gabinete.
El mandatario considera que el Parlamento, dominado por la oposición, «tiene como proyecto político la desestabilización del Gobierno, de la democracia y del Estado». A día de hoy, ha apuntado, «no es posible avanzar» en Ecuador por la actividad de una Asamblea que no lleva a cabo tareas de «fiscalización» sino que se limita a la «obstrucción».
La oposición, ha señalado, quiere «usurpar» todos los poderes del Estado, impulsada por un «sobrehumano rencor», en palabras del presidente. «Han sido incapaces de encontrar prueba alguna en mí contra porque no hay nada que encontrar, absolutamente nada», ha sentenciado durante su discurso, en el que ha vuelto a defender la inocencia, tal como hizo en la sesión parlamentaria del martes.
El juicio se basa en una acusación por blanqueo de capitales que deriva de un acuerdo firmado por la empresa pública Flopec y que, según la Contraloría, causó al país un perjuicio de unos 6,1 millones de dólares. El contrato en cuestión sigue vigente, aunque se firmó en 2020, durante el Gobierno de Lenín Moreno, algo que ha recordado Lasso.
«Admito errores en mi gestión, pero soy un demócrata y he procurado que las soluciones sean siempre constitucionales y legales», ha apostillado.
El presidente, que entiende que la «aspiración mayoritaria» de la ciudadanía pasa por poner fin a una «confrontación irracional e inútil», ha explicado que convocar elecciones devuelve a los ecuatorianos «el poder de decidir su futuro». Se abre el camino a «recuperar esperanza», ha añadido.
La medida deja margen al Gobierno para aprobar decretos de urgencia económica y Lasso ya ha confirmado la emisión de uno que contempla una rebaja de impuestos, ya «sin bloqueos» y pendiente ahora de la revisión de la Corte Constitucional. Ha avanzado que habrá más, en un contexto en que la economía y la inseguridad parecen copar las preocupaciones ciudadanas.
Precisamente Lasso ha citado en su decreto la «ola de violencia sin precedentes» y los movimientos de la Asamblea para «obstaculizar» las medidas promovidas desde el Gobierno. El mandatario ha recordado que esta «grave crisis de seguridad» ha obligado a declarar el estado de excepción en diez ocasiones.
LA OPOSICIÓN VE «ILEGAL» LA DISOLUCIÓN
La oposición, en cambio, ya había cuestionado la posible ‘muerte cruzada’ antes del decreto de Lasso. Para el expresidente Rafael Correa, que sigue siendo desde Bélgica una destacada voz opositora, «lo que Lasso hace es ilegal», ya que «obviamente no hay ninguna conmoción interna» sino un juicio político en marcha «en aplicación de la Constitución». «Tan solo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse», ha añadido en su cuenta de Twitter.
No obstante, sí ha llamado a aprovechar la votación en ciernes: «Es la gran oportunidad para librarnos de Lasso, de su Gobierno y de sus asambleístas de alquiler y recuperar la patria».
Por su parte, el inmediato predecesor de Lasso en la jefatura de Estado, Lenín Moreno, ha llamado a tener la «cabeza fría» y «entender el momento», anteponiendo «lo verdaderamente importante». «Es la hora ciudadana», ha indicado, en un llamamiento a la «unidad» y la «organización».
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), promotora de recientes movilizaciones contra el Gobierno, ha hablado directamente de un «escenario de dictadura» en el país sudamericano y ha anunciado para las próximas horas una reunión donde se tomarán «decisiones colectivas» sobre el camino a seguir. Su líder, Leónidas Iza Salazar, ha acusado a Lasso de perpetrar un «autogolpe de Estado»./ Europa Press
