El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ha firmado este lunes el decreto que ordena la repatriación de presos extranjeros que tengan sentencia emitida en Ecuador como respuesta al control migratorio que busca paliar el hacinamiento en las cárceles en el marco del estado de emergencia por el cual las autoridades han detenido a cerca de 4.500 personas en tres semanas.
Así, Noboa ha dispuesto al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) que realice los procedimientos administrativos necesarios para la repatriación «a fin de que su sentencia sea ejecutada en el país de origen o nacionalidad de la o del sentenciado».
El Ministerio de Exteriores y Movilidad Humana, el de Mujer y Derechos Humanos, Interior y de Gobierno «coordinarán cualquier acción necesaria para cumplir con los dispuesto», reza el decreto firmado por el mandatario ecuatoriano.
Tras ello, ha subrayado que los procedimientos para la ejecución de la medida «serán adoptados respetando la normativa nacional e internacional en la materia», remarcando que «todo procedimiento será singularizado, quedando prohibida cualquier repatriación de colectivos».
El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció que estaba en conversaciones con las autoridades ecuatorianas para perfilar un plan de colaboración a nivel judicial que permitiera la repatriación de presos colombianos recluidos en las cárceles de Ecuador, medida propuesta por Noboa, que cifró en 1.500 los colombianos en las prisiones del país.
Esta idea es una respuesta a la crisis de violencia e inseguridad en Ecuador a manos de bandas criminales, si bien Petro incidió en que este es un proceso que «no se puede hacer de la noche a la mañana». El mandatario ecuatoriano señaló que casi la totalidad de los presos en el país son ciudadanos colombianos, peruanos y venezolanos.
La actual situación en Ecuador estalló después de que el 7 de enero se descubriera la fuga de Adolfo Macías, alias ‘Fito’, cabecilla de Los Choneros, de la cárcel Regional de Guayaquil. Tras ello, el Gobierno declaró el estado de excepción ante la existencia de un «conflicto interno armado» debido a la actividad de grupos armados, considerados a partir de ese momento como «terroristas»./ Europa Press
