El Poder Judicial de Perú ha anunciado este lunes que el expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) ha sido condenado a 20 años y seis meses de cárcel tras hallarlo culpable de la comisión de los delitos de colusión y blanqueo de dinero en el marco del caso ‘Interoceánica Sur’, tramos II y III, que une Perú con Brasil.
«Se coludió con particulares interesados como Odebrecht para que, mediante una coima (soborno) de 35 millones de dólares se otorgara a la empresa brasileña la licitación de la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica, causando perjuicio al Estado», señala el veredicto, según indica el Poder Judicial a través de su perfil en la red social X.
En un adelanto del fallo desde la sala de audiencias del penal de Barbadillo, donde se encuentra recluido desde su extradición de Estados Unidos, la jueza Inés Roja Contreras, del Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional, ha resuelto imponer nueve años de prisión por el delito de colusión y once años y seis meses por el delito de lavado de activos, además de una indemnización por reparación civil de 1.375 millones de soles peruanos (338 millones de euros) y 463 millones de dólares (427 millones de euros euros), y una inhabilitación de la función pública por tres años.
Tal y como ha explicado, el empresario israelí Josef Maiman era el encargado de canalizar el dinero que la empresa brasileña Odebrecht iba a entregar a Toledo por los proyectos de su Gobierno. El entonces mandatario se reunió en el Palacio de Gobierno con funcionarios para agilizar la licitación a favor de dicha compañía.
En el proceso, han recibido a casi 120 testigos y se han verificado 175 audiencias, comprobando más de un millas de pruebas documentales. Durante su última audiencia del juicio, Toledo, de 78 años, pidió a los jueces que le dejen «curar o morir» en su casa tras reiterar su inocencia en el alegato final y después de mencionar que padece cáncer y problemas de corazón.
Roja ha señalado que «como primera autoridad administrativa de todo el Estado, (debía) proteger y velar por el correcto funcionamiento de la administración y los intereses patrimoniales de la administración pública, en el ámbito de la contratación pública». «Tenía el deber de actuar con neutralidad absoluta, imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones, demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones», ha recogido la emisora de radio RPP.
«Al haberse demostrado una serie o un rosario de irregularidades, una injerencia inusitada, una aceleración del proceso y la intervención directa e indirecta de Toledo en el proceso, Toledo ha realizado la conducta típica de la infracción del deber, defraudando al Estado», ha relatado.
El abogado de Toledo, Roberto Su, ha anunciado que apelará la sentencia anunciada este lunes (la lectura integral será el 31 de octubre) al alegar que se han producido «errores de tiempo» en el fallo del Poder Judicial. «Vamos a apelar y esperamos que en una segunda instancia se pueda revisar y analizar», ha afirmado en declaraciones a la prensa recogidas por la emisora de radio Exitosa Noticias.
«Para nosotros, establecer una responsabilidad penal y una reparación civil, en los términos que ha sido planteado, es realmente risible. Sin embargo, estamos confiados. En el juicio no se ha demostrado que Alejandro Toledo haya intercedido», haciendo referencia a que la condena se apoya en el testimonio de varios testigos. Así, ha esperado que «una sala superior con mayor criterio pueda revisar este caso y pueda corregir y absolver».
Al ser preguntado sobre el estado del ex jefe de Estado, Su ha indicado que «estaba preparado para decisiones como estas» y que «es un hombre fuerte» que «sabía que esto podría venir». No obstante, ha aprovechado la ocasión para apuntar que «la jueza no dominaba el texto», dando a entender que «no entendía la sentencia» y «hay personas que han colaborado con ellos».
Con esta sentencia, Toledo se convierte en el primer expresidente de Perú en ser sentenciado por la operación Lava Jato, que estalló en Brasil y que implicó a la constructora Odebrecht en una red internacional con la que había instaurado la corrupción a nivel institucional en más de una decena de países de América Latina.
