El Ministerio de Justicia de Bolivia ha anunciado este jueves que se ha sumado a la investigación contra el expresidente Evo Morales por haber concebido un bebé con una menor de edad en 2015, lo que está siendo investigado como delito de estupro.
El titular de la cartera, César Siles, ha agregado que como parte denunciante pedirá al Tribunal Constitucional la revocatoria de la decisión judicial que anuló la orden de detención de Morales y solicitará a la Fiscalía que investigue a jueces que habrían favorecido al expresidente, según ha informado la agencia de boliviana de información (ABI).
El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha anunciado que solicitará que la investigación sobre trata y tráfico de personas contra Morales sea secreta para proteger a la víctima y evitar su politización. Así, ha asegurado que es un «tema sumamente delicado» porque «está de por medio una menor».
Morales ha asegurado que «todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual», le han amenazado, perseguido, encarcelado e incluso intentado matarle. «No tengo miedo. No me callarán. Seguiré luchando junto a nuestro pueblo, junto a mis hermanas y hermanos que nunca me abandonaron», ha indicado a través de su perfil en la red social X.
«Podrán silenciar mi voz, podrán matarme pero jamás lograrán silenciar la voz del pueblo que hoy siente hambre y desesperación, porque la traición sólo destruyó la estabilidad económica, social y política que tuvo Bolivia», ha manifestado el exmandatario boliviano.
Los socios de Morales denunciaron que existe una persecución política contra él en medio de la lucha interna en el Movimiento al Socialismo (MAS) entre sus partidarios y los de Arce, y las denuncias del Gobierno de que el expresidente está orquestando un golpe de Estado.
El caso ha causado polémica después de que una exfiscal acusara al fiscal general, Juan Lanchipa, de estar protegiendo a Morales en el marco de este caso y denunciara que había sido destituida del cargo por ordenar su detención por este caso. Sin embargo, Lanchipa ha explicado que tomó la medida por «conducta negligente y por inconsistencias procesales en el cumplimiento de sus funciones» y «no por la emisión del referido mandamiento de aprehensión».
GRUPO DE PUEBLA DENUNCIA ‘LAWFARE’
El Grupo de Puebla, que aglutina a dirigentes de izquierda de América Latina, ha expresado su «profunda preocupación por la campaña de ‘lawfare’ que se está empezando a desarrollar» contra Morales y ha pedido a Arce «no permitir que su Gobierno, las propias autoridades judiciales o algunos organismos de control participen en esta operación de daño reputacional contra un ciudadano».
«A pesar de todos los esfuerzos de mediación realizados por un grupo de compañeros del Grupo de Puebla entre Morales y Arce, sus legítimas diferencias parecen trasladarse ahora a los estrados judiciales con el evidente propósito de judicializar la campaña alrededor de casos y acusaciones en contra del expresidente, algunas infundadas y otras que ya fueran resueltas judicialmente en el pasado», reza un comunicado.
En este sentido, el foro político ha hecho un llamamiento a prestar atención «a esta politización de la justicia ahora que algunas encuestas electorales favorecen ampliamente» a Morales, mientras que ha alertado de que «estas prácticas van a contramano de la ética del progresismo democrático y allanaría el camino a las aspiraciones de la derecha boliviana en las próximas elecciones presidenciales».
