Las ONG Accem y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han aplaudido la reforma del nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería pero han pedido la introducción de visados humanitarios.
En este sentido, Accem ha indicado en declaraciones a Europa Press que considera «favorable» la reforma del Reglamento de Extranjería, «dado que el anterior reglamento era del año 2011 y la realidad social, demográfica y laboral del país ha cambiado notablemente desde entonces». «Era necesario adaptar la normativa a estas realidades para que las personas pudieran acceder a regularizar su situación administrativa de forma segura», ha apuntado.
La ONG ha destacado que, aunque no ha tenido acceso al borrador definitivo, fue una de las entidades que participó en el proceso de audiencia pública y en el informe preceptivo sobre el proyecto de RD que realizó el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.
La reforma del reglamento modifica la figura del arraigo, que es la principal vía de regularización de las personas que se encuentran en España en situación irregular, reduciendo los plazos de estancia para solicitarlos y también la duración de los contratos. «Esta flexibilización creemos que permitirá que su aplicación sea más efectiva. La nueva figura del arraigo sociolaboral creemos que se adapta mejor a la realidad en la que se encuentran muchas personas extranjeras y los nuevos requisitos permitirán que muchas personas normalicen su situación administrativa a través de esta vía», ha añadido la ONG.
Igualmente, se introduce también la figura del arraigo de segunda oportunidad que permite regularizar a personas que tuvieron una autorización de residencia en los dos años previos a la solicitud, pero no pudieron renovarla. «En el borrador se establecía también la posibilidad de que las personas que pudieran acreditar haber trabajado 6 meses en los dos años anteriores y estuvieran en situación irregular pudieran solicitarlo. Esta vía permitiría regularizar la situación de un gran número de personas que han visto denegada su solicitud de protección», ha asegurado para añadir que «mantener esta situación de irregularidad causaría graves perjuicios tanto para estas personas como para sus empleadores».
Accem también ha considerado «favorable» que se facilite la incorporación de las personas que están en situación de estancia por estudios al mercado laboral reduciendo las trabas para obtener un permiso de trabajo y el aumento de la duración de los visados de empleo.
En la misma línea, CEAR ha destacado la flexibilización de las figuras del arraigo y el acceso de las personas extranjeras a la administración, «lo que facilitará su integración social y el ejercicio de sus derechos».
Sin embargo, ha lamentado que la reforma «penalice» a las personas que solicitan asilo, «que no podrán acogerse al arraigo si no renuncian a su petición o si no la tienen ya denegada definitivamente». El régimen transitorio previsto obliga a estas personas a permanecer seis meses en situación irregular para poder solicitar arraigo, siempre y cuando cumplan el resto de requisitos.
CEAR PIDE NO RENUNCIAR A LA ILP DE REGULARIZACIÓN
También ha recordado que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar a medio millón de migrantes «es más importante que nunca» y ha agregado que «en ningún caso» esta reforma puede suponer su renuncia. Además, ha añadido que el Gobierno se comprometió a compartir con las organizaciones sociales su plan de aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que contempla una serie de reformas legislativas y normativas que la ONG ha dicho que «serán muy importantes para completar un marco en una Europa que cada vez está más escorada hacia la xenofobia y la extrema derecha en el que España debe jugar un papel muy positivo».
En todo caso, Accem y CEAR han coincidido en que la reforma habría sido una «oportunidad» para introducir visados humanitarios que permitieran facilitar el acceso al procedimiento de asilo a las personas que necesitan protección internacional sin tener que recurrir a la entrada irregular en España. «En los borradores anteriores no se incluía esta posibilidad, aunque si ha sido reflejada en las aportaciones realizadas en consulta pública por múltiples organizaciones. En un contexto donde se está produciendo el mayor desplazamiento forzado de la historia es necesario establecer vías legales que permitan a las personas desplazas forzosamente poder acceder a la Protección Internacional sin obligarles a llegar de forma irregular poniendo en peligro sus vidas», ha concluido Accem.
El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería, que entrará en vigor a los seis meses una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Con él, «se simplifican procedimientos, se eliminan duplicidades y se dan mayores garantías y rigor jurídico», y se prevé regularizar a 300.000 personas al año durante los próximos tres años./ Europa Press
